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La mitad de la cúpula fiscal se revuelve contra la enmienda que habilita a Delgado para informar al Gobierno

Ángeles Vázquez / Tono Calleja

Act. a las 20:50

CEST


La mitad de la cúpula fiscal se ha dirigido a la fiscal normal del Estado, Dolores Delgado, para pedirle que comunique al Congreso de los Diputados y al PSOE la necesidad de retirar la enmienda que su grupo parlamentario presentó durante al tramitación de la ley concursal para evitar el punto en el que se consagra la obligación del máximo representante del ministerio público de informar al Gobierno, “por su propia iniciativa o cuando este lo interese sobre la actuación del ministerio fiscal en aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia deba conocer”.

El documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, ha sido rubricado por 16 de los 31 fiscales de Sala que integran la máxima categoría de la carrera, incluidas las exfiscales generales Consuelo Madrigal y María José Segarra, la primera nombrada por un Gobierno del PP y la segunda por el propio Pedro Sánchez, en la anterior legislatura, al considerarlo un ataque a la independencia del ministerio público.

Ascenso inmediato

La modificación se incluye en las mismas enmiendas que asegurarán la incorporación de Delgado a la máxima categoría fiscal una vez abandone la Fiscalía General, lo que motivó las críticas de la oposición y de todas las asociaciones de fiscales, salvo la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenecía Delgado hasta que fue designada ministra de Justicia.

El escrito afirma que “el establecimiento de una obligación para el fiscal general del Estado consistente en informar al Gobierno, incluso por propia iniciativa, sobre los asuntos de especial trascendencia que por su naturaleza y relevancia deba conocer representa inequívocamente un reforzamiento de la relación de dependencia del fiscal general del Estado respecto del Gobierno, y con ello de la propia institución, a la par que una quiebra importante de la autonomía y de la independencia respecto a aquel, lo cual es absolutamente incompatible con el modelo constitucional de ministerio fiscal”.

En opinión de la mayoría de la cúpula fiscal, “esta nueva previsión legal consagra un privilegio en virtud del cual el poder ejecutivo, más allá de las relaciones de política criminal que debe mantener con la institución para el buen funcionamiento de la administración de justicia”, porque “dispondría a través de la actuación que desarrolla el ministerio fiscal de un acceso extraprocesal que le permitiría conocer de primera mano el contenido de procedimientos judiciales e investigaciones especialmente sensibles, particularmente penales, a los que nadie que no sean las partes del proceso debe tener acceso, con la excepción del deber de informar a la opinión pública para el que el fiscal está facultado en los términos previstos por el artículo 4.5 del Estatuto” fiscal.

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