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El Gobierno deshace su reforma del CGPJ para atar un Constitucional de mayoría progresista


El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, conversa con el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. / EFE

El PSOE registra hoy una iniciativa para que el Poder Judicial pueda volver a nombrar a sus dos magistrados del TC estando en funciones

Paula De las Heras

Una reforma legal impulsada por el PSOE y Unidas Podemos en 2021 dejó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, maniatado para hacer nombramientos, y otra reforma legal ideada por el Gobierno le quitará ahora las argollas con un objetivo claro: lograr que la mayoría del Tribunal Constitucional (TC) deje de ser conservadora y pase a ser progresista. La iniciativa será registrada este viernes en el Congreso por los socialistas y la intención es que se tramite por el procedimiento de urgencia. Con esta maniobra, el Ejecutivo busca cubrirse las espaldas ante la posibilidad de que la falta de acuerdo con el PP para renovar el CGPJ se mantenga ‘sine die’.

La situación actual es la siguiente. El mandato del presidente del órgano garante del cumplimiento de la Carta Magna, Pedro González-Trevijano, de los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares y del vicepresidente Juan Antonio Xiol (el único progresista de los cuatro) terminó el 12 de junio. Ahora son el Ejecutivo y el órgano de gobierno de los jueces quienes deben nombrar a sus sustitutos, dos cada uno. Pero la modificación legal llevada a cabo por los socialistas el pasado año, en un intento de forzar al PP a renovarlo, impide que el CGPJ realice sus nombramientos mientras esté en funciones.

La norma, recurrida ante el propio Constitucional por los populares y por Vox, se le había vuelto ahora en contra a Pedro Sánchez. Algunos expertos entienden que, dado que es la propia Carta Magna la que explicita que los doce miembros del tribunal han de renovarse por tercios, los nombramientos que corresponden al Gobierno y al Poder Judicial deben llevarse al mismo tiempo al pleno del organismo garante de los derechos y libertades de los españoles para que este proceda a su ratificación.

Los socialistas vehiculan su viraje a través de una proposición de ley por la vía de urgencia para zanjar en julio la renovación

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dejó caer hace unas semanas que el Ejecutivo podría proceder a designar a sus dos magistrados en el Consejo de Ministros aunque el Poder Judicial no nombrara a los suyos. Pero era evidente que esa decisión podía derivar en un nuevo choque institucional, porque ya habían trascendido las reticencias de algunos miembros conservadores del Constitucional y sus advertencias de que no validarían unos nombramientos promovidos así.

La negociación con el PP

Aunque en Moncloa cuestionaban que ese veto fuera legal, han preferido evitarlo. La contrarreforma que plantea ahora el Gobierno, adelantada por ‘eldiario.es’ y confirmada por este periódico, no levantará todas las limitaciones al órgano de gobierno de los jueces que esté en funciones. Seguirá sin poder nombrar presidentes de tribunal o de sala (de audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y Supremo) y magistrados del alto tribunal. Sin embargo, sí podrá elegir a los dos magistrados del TC que le competen. Y al tramitar la contrarreforma por la vía de urgencia, el Ejecutivo busca zanjar la renovación en julio.

Una vez el CGPJ haya procedido a sus nombramientos, si todo sigue adelante, el Gobierno hará los suyos. Así, la mayoría en el tribunal de garantías -que tiene pendiente la resolución de cuestiones sensibles como los recursos contra la ley del aborto, la ley de eutanasia o la ‘ley Celaá’- pasaría de siete a cinco a favor de los conservadores a siete a cinco a favor de los progresistas.

Cabe, en todo caso, que PSOE y PP lleguen a un acuerdo para la renovación pendiente. Los populares se han comprometido a hacer una propuesta en menos de un mes. Los socialistas temen, sin embargo, que el principal partido de la oposición insista en supeditar el pacto a que sean los jueces quienes elijan a más de la mitad de los vocales del CGPJ.



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